RESUMEN
El Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico fue constituido por el Presidente Clinton en el 2000 El propósito exclusivo del Grupo de Trabajo en ese momento era examinar propuestas para el futuro estatus de Puerto Rico y para un proceso por el cual los puertorriqueños pudieran escoger una opción de estatus Con el Presidente Bush, el propósito exclusivo del Grupo de Trabajo siguió siendo el asunto de estatus político El Grupo de Trabajo del gobierno del Presidente Bush emitió informes en el 2005 y 2007.
El 30 de octubre, 2009, el Presidente Obama promulgó el Decreto Ejecutivo 13517, que dio instrucciones al Grupo de Trabajo de conservar el propósito del asunto del estatus, pero añadió a las responsabilidades del Grupo de Trabajo solicitar consejos y recomendaciones sobre medidas que promuevan la generación de empleo, educación, cuidado de salud, energía limpia y desarrollo económico en la isla.
El actual Grupo de Trabajo se convocó en diciembre del 2009 con miembros de todas las agencias del gabinete Organizó dos audiencias públicas en San Juan, Puerto Rico y Washington, D C , para escuchar directamente de una gran variedad de voces sobre los asuntos de estatus y desarrollo económico Además, cientos de residentes de Puerto Rico y Estados Unidos continental ofrecieron comentarios en documentos enviados por correo y medios digitales a la dirección electrónica para comentarios del público de la Casa Blanca Miembros del Grupo de Trabajo y del personal de la Casa Blanca también se reunieron con líderes del Congreso, funcionarios electos de Puerto Rico y otras partes interesadas para escuchar sus opiniones.
Este Informe presenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo al Presidente y el Congreso La primera sección ofrece recomendaciones relacionadas con la cuestión del estatus de Puerto Rico Después de tratar el estatus, el Informe se divide en tres secciones: (1) sinopsis sobre el desarrollo económico y recomendaciones económicas; (2) recomendaciones para desarrollar sectores industriales competitivos, y (3)
recomendaciones con respecto a la isla de Vieques Cada recomendación en estas tres secciones presenta el asunto específico, la recomendación concebida para solucionar ese problema y un cronograma realista para implementar la recomendación Este Resumen describe las recomendaciones clave del Informe...leer más
Estas es la dirección para leer el informe en el difícil, el idioma de Shakespeare: INGLES.
viernes, 18 de marzo de 2011
Informe del Comité de Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico
RESUMEN
El Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico (Grupo de Trabajo) fue constituido por el Presidente Clinton en el 2000 El propósito exclusivo del Grupo de Trabajo en ese momento era examinar propuestas para el futuro estatus de Puerto Rico y para un proceso por el cual los puertorriqueños pudieran escoger una opción de estatus Con el Presidente Bush, el propósito exclusivo del Grupo de Trabajo siguió siendo el asunto de estatus político El Grupo de Trabajo del gobierno del Presidente Bush emitió informes en el 2005 y 2007.
El 30 de octubre, 2009, el Presidente Obama promulgó el Decreto Ejecutivo 13517, que dio instrucciones al Grupo de Trabajo de conservar el propósito del asunto del estatus, pero añadió a las responsabilidades del Grupo de Trabajo solicitar consejos y recomendaciones sobre medidas que promuevan la generación de empleo, educación, cuidado de salud, energía limpia y desarrollo económico en la isla.
El actual Grupo de Trabajo se convocó en diciembre del 2009 con miembros de todas las agencias del gabinete Organizó dos audiencias públicas en San Juan, Puerto Rico y Washington, D C , para escuchar directamente de una gran variedad de voces sobre los asuntos de estatus y desarrollo económico Además, cientos de residentes de Puerto Rico y Estados Unidos continental ofrecieron comentarios en documentos enviados por correo y medios digitales a la dirección electrónica para comentarios del público de la Casa Blanca Miembros del Grupo de Trabajo y del personal de la Casa Blanca también se reunieron con líderes del Congreso, funcionarios electos de Puerto Rico y otras partes interesadas para escuchar sus opiniones.
Este Informe presenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo al Presidente y el Congreso La primera sección ofrece recomendaciones relacionadas con la cuestión del estatus de Puerto Rico Después de tratar el estatus, el Informe se divide en tres secciones: (1) sinopsis sobre el desarrollo económico y recomendaciones económicas; (2) recomendaciones para desarrollar sectores industriales competitivos, y (3)
recomendaciones con respecto a la isla de Vieques Cada recomendación en estas tres secciones presenta el asunto específico, la recomendación concebida para solucionar ese problema y un cronograma realista para implementar la recomendación Este Resumen describe las recomendaciones clave del Informe...leer más
Estas es la dirección para leer el informe en su idioma original, el difícil de Shakespeare: INGLES.
El Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico (Grupo de Trabajo) fue constituido por el Presidente Clinton en el 2000 El propósito exclusivo del Grupo de Trabajo en ese momento era examinar propuestas para el futuro estatus de Puerto Rico y para un proceso por el cual los puertorriqueños pudieran escoger una opción de estatus Con el Presidente Bush, el propósito exclusivo del Grupo de Trabajo siguió siendo el asunto de estatus político El Grupo de Trabajo del gobierno del Presidente Bush emitió informes en el 2005 y 2007.
El 30 de octubre, 2009, el Presidente Obama promulgó el Decreto Ejecutivo 13517, que dio instrucciones al Grupo de Trabajo de conservar el propósito del asunto del estatus, pero añadió a las responsabilidades del Grupo de Trabajo solicitar consejos y recomendaciones sobre medidas que promuevan la generación de empleo, educación, cuidado de salud, energía limpia y desarrollo económico en la isla.
El actual Grupo de Trabajo se convocó en diciembre del 2009 con miembros de todas las agencias del gabinete Organizó dos audiencias públicas en San Juan, Puerto Rico y Washington, D C , para escuchar directamente de una gran variedad de voces sobre los asuntos de estatus y desarrollo económico Además, cientos de residentes de Puerto Rico y Estados Unidos continental ofrecieron comentarios en documentos enviados por correo y medios digitales a la dirección electrónica para comentarios del público de la Casa Blanca Miembros del Grupo de Trabajo y del personal de la Casa Blanca también se reunieron con líderes del Congreso, funcionarios electos de Puerto Rico y otras partes interesadas para escuchar sus opiniones.
Este Informe presenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo al Presidente y el Congreso La primera sección ofrece recomendaciones relacionadas con la cuestión del estatus de Puerto Rico Después de tratar el estatus, el Informe se divide en tres secciones: (1) sinopsis sobre el desarrollo económico y recomendaciones económicas; (2) recomendaciones para desarrollar sectores industriales competitivos, y (3)
recomendaciones con respecto a la isla de Vieques Cada recomendación en estas tres secciones presenta el asunto específico, la recomendación concebida para solucionar ese problema y un cronograma realista para implementar la recomendación Este Resumen describe las recomendaciones clave del Informe...leer más
Estas es la dirección para leer el informe en su idioma original, el difícil de Shakespeare: INGLES.
Toda colegiación compulsoria podría ser inconstitucional
El Tribunal Supremo cuestiona la validez de ese requisito en algunas profesiones
El Tribunal Supremo se expresó hoy sobre la inconstitucionalidad de las colegiaciones compulsorias, salvo en los casos que se demuestre que hay un “interés apremiante del Estado”.
"La colegiación voluntaria tampoco está en tensión con el derecho constitucional a la libertad de asociación. Por el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados”, reza la resolución del alto foro.
"Esa limitación significativa de la libertad de no asociación es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés apremiante que la hace necesaria”, agrega la resolución de votación mayoritaria.
Estas declaraciones sobre la inconstitucionalidad de las colegiaciones compulsorias en Puerto Rico están contenidas en la resolución en la que el alto declaró no ha lugar la petición del Colegio de Abogados para que el Supremo revoque la decisión del Tribunal de Apelaciones que avaló la eliminación de la colegiación compulsoria de los letrados.
Asimismo, la decisión del Supremo agrega que no es necesario que el alto foro intervenga en esta impugnación del Colegio de Abogados porque las leyes aprobadas en contra de la colegiación compulsoria son válidas.
La resolución está avalada por los cuatro jueces nombrados por el gobernador Luis Fortuño. Los tres jueces designados por gobernantes populares votaron en contra.
Noticia de Daniel Rivera Vargas para El Nuevo Día (17 de marzo de 2011)
El Tribunal Supremo se expresó hoy sobre la inconstitucionalidad de las colegiaciones compulsorias, salvo en los casos que se demuestre que hay un “interés apremiante del Estado”.
"La colegiación voluntaria tampoco está en tensión con el derecho constitucional a la libertad de asociación. Por el contrario, es la colegiación compulsoria de una clase profesional la que crea una fricción inevitable con la libertad de asociación de los afectados”, reza la resolución del alto foro.
"Esa limitación significativa de la libertad de no asociación es constitucional solamente si el Estado demuestra un interés apremiante que la hace necesaria”, agrega la resolución de votación mayoritaria.
Estas declaraciones sobre la inconstitucionalidad de las colegiaciones compulsorias en Puerto Rico están contenidas en la resolución en la que el alto declaró no ha lugar la petición del Colegio de Abogados para que el Supremo revoque la decisión del Tribunal de Apelaciones que avaló la eliminación de la colegiación compulsoria de los letrados.
Asimismo, la decisión del Supremo agrega que no es necesario que el alto foro intervenga en esta impugnación del Colegio de Abogados porque las leyes aprobadas en contra de la colegiación compulsoria son válidas.
La resolución está avalada por los cuatro jueces nombrados por el gobernador Luis Fortuño. Los tres jueces designados por gobernantes populares votaron en contra.
Noticia de Daniel Rivera Vargas para El Nuevo Día (17 de marzo de 2011)
jueves, 17 de febrero de 2011
Abogados proponen crear una nueva clase
Un grupo de seis miembros del Colegio de Abogados busca que el Tribunal Federal cree una subclase en el pleito que amenaza la sede de la institución
Un grupo de abogados que se oponen a la demanda contra el Colegio de Abogados sometió hoy, a través de la licenciada Judith Berkan, una moción para que se descertifique la clase afectada que, según estableció el tribunal federal, se compone de más de 12,000 practicantes del derecho en Puerto Rico.
En la moción de 13 páginas los abogados Elías Dávila Berríos, Marylucy González Báez, Mary Jo Méndez Vilella, Michelle Pirallo Di Cristina, Rubén Soto Rodríguez y Wanda Valentín Custodio buscan que se establezca, además, una subclase compuesta por abogados que pertenecían al Colegio entre el 2002 y el 2006 y que no desean ser parte del pleito.
Esto, ante alegaciones de los abogados demandantes de que muchos licenciados llenaron las formas para salirse del pleito bajo engaño o basándose en información falsa.
“Los miembros de las subclase entienden que es un insulto a su profesionalismo y dignidad asumir que ellos firmaron las formas de 'opt-out' basados en información falsa o sin la intención de hacerlo”, dice la moción.
“Estos esfuerzos por los representantes de la clase demuestran que los intereses de esas personas son directamente adversos a los de los miembros de la subsclase que aquí se propone. Estos esfuerzos de los representantes de la clase, sólo tres ex miembros del Colegio de Abgoados, que ahora se compone de 9,000 miembros voluntarios, demuestra que no pueden representar a todos los abogados adecuadamente”, agrega el documento.
Noticia de Alba Y. Muñiz Gracia para El Nuevo Día del miércoles 16 de febrero de 2011.
Un grupo de abogados que se oponen a la demanda contra el Colegio de Abogados sometió hoy, a través de la licenciada Judith Berkan, una moción para que se descertifique la clase afectada que, según estableció el tribunal federal, se compone de más de 12,000 practicantes del derecho en Puerto Rico.
En la moción de 13 páginas los abogados Elías Dávila Berríos, Marylucy González Báez, Mary Jo Méndez Vilella, Michelle Pirallo Di Cristina, Rubén Soto Rodríguez y Wanda Valentín Custodio buscan que se establezca, además, una subclase compuesta por abogados que pertenecían al Colegio entre el 2002 y el 2006 y que no desean ser parte del pleito.
Esto, ante alegaciones de los abogados demandantes de que muchos licenciados llenaron las formas para salirse del pleito bajo engaño o basándose en información falsa.
“Los miembros de las subclase entienden que es un insulto a su profesionalismo y dignidad asumir que ellos firmaron las formas de 'opt-out' basados en información falsa o sin la intención de hacerlo”, dice la moción.
“Estos esfuerzos por los representantes de la clase demuestran que los intereses de esas personas son directamente adversos a los de los miembros de la subsclase que aquí se propone. Estos esfuerzos de los representantes de la clase, sólo tres ex miembros del Colegio de Abgoados, que ahora se compone de 9,000 miembros voluntarios, demuestra que no pueden representar a todos los abogados adecuadamente”, agrega el documento.
Noticia de Alba Y. Muñiz Gracia para El Nuevo Día del miércoles 16 de febrero de 2011.
sábado, 1 de enero de 2011
Mediación
Cada problema tiene... un mediador
Hay profesionales que ayudan a resolver conflictos y evitan una visita al tribunal
Enfrentar un conflicto con un vecino, un hermano o un hijo muchas veces es tan difícil que la intervención de una tercera persona que sepa cómo manejar esas situaciones es la mejor opción.
Pero no se trata de buscar a cualquier persona y arriesgarse a que el problema se agrave, existen mediadores profesionales que propician que las personas que tienen el problema se sienten a dialogar y lleguen a acuerdos.
Esa puede ser su mejor opción para no tener que entrar en un proceso judicial y encontrar una salida en casos en los que sus hijos se niegan a darle una manutención o buscarle atención médica, no le dan acceso a ver sus nietos, no se ponen de acuerdo para ayudar a cuidarlo, se nieguen a devolver parte de la herencia que les entregó en vida y que ahora necesita por estar atravesando una crisis económica, entre otras muchas situaciones.
“Hace falta el recurso del diálogo”, explica el mediador certificado por el Tribunal Supremo, Alexander Pagán, quien incursionó en este campo luego de laborar 25 años en la industria de alimentos, en la que acumuló experiencia en asuntos de negociación.
Los adultos mayores “no quieren someter a sus hijos a este proceso y el Tribunal tampoco quiere que esas personas se sometan a un proceso judicial tedioso y público. Yo le ayudo a estas partes en conflicto a mantener la confidencialidad. Nosotros somos como unos jueces de paz”, explicó Pagán.
El mediador explicó que de todos los casos que ha atendido este año, el 95% se ha resuelto mediante un acuerdo entre las partes, que es un documento con el que debe cumplirse. De todos los conflictos en los que medió Pagán, el 30% fueron casos en los que había una persona de edad avanzada involucrada.
Servicio gratuito
Al igual que Pagán hay otros mediadores privados a quienes las personas pueden acudir por cuenta propia o a quienes el tribunal les refiere casos, explicó Ana Romero Velilla, directora del Negociado de Métodos Alternos de la Administración de Tribunales. Bajo la jurisdicción de ese Negociado están los Centros de Mediación de Conflictos, que ofrecen el servicio de mediadores sin costo alguno.
Para recibir los servicios, todo lo que tiene que hacer es ir a uno de los centros judiciales en los que hay un Centro de Mediación. Allí le darán una cita para atenderlo en o antes de 15 días generalmente. También la Oficina de las Personas de Edad Avanzada tiene un acuerdo con estos centros para referirle casos de adultos mayores que necesiten el servicio.
Romero explicó que muchos de los casos que reciben son de personas que buscan ayuda porque sus hijos no quieren ayudarlos económicamente. En esos casos, se les orienta sobre sus derechos, las leyes aplicables y las estrategias de mediación.
Recordó que la Ley de mejoras al sustento de personas de edad avanzada de Puerto Rico, del 2000 establece que proveerle alimentos a las personas de edad avanzada “está revestido del más alto interés público, y es una obligación consagrada en el Código Civil de Puerto Rico. Existe una obligación recíproca de los descendientes para con sus ascendientes, siempre en la medida que tuvieren la capacidad financiera para ello, de proveer sustento económico en situaciones en que esos ascendientes tuvieren la necesidad”.
Romero explicó que “los conflictos pueden afectar mucho las relaciones entre amigos y familiares y cuando uno compara esta forma de resolver (los problemas) versus una denuncia o una querella en el tribunal, la medicación es una forma constructiva de resolver la controversia”.
Ese proceso le permite a las personas hablar sobre sus sentimientos y necesidades y sus puntos de vista sobre el asunto en un ambiente de respeto, en el que se vela por mantener la dignidad de los participantes, afirmó Romero.
La funcionaria hizo hincapié en que el proceso respeta el derecho del adulto mayor a decidir, a tomar decisiones, porque muchas veces se piensa erróneamente que, por el hecho de ser mayor, la persona no tiene la capacidad de tomar decisiones.
“En la mediación ambas partes ganan. El acuerdo tiene la validez de un contrato entre las partes. Si se incumple, las personas tienen la alternativa de ir al tribunal”, agregó Romero.
Noticia original de Mildred Rivera Marrero, tomada de El Nuevo Día el domingo 26 de diciembre de 2010
Hay profesionales que ayudan a resolver conflictos y evitan una visita al tribunal
Enfrentar un conflicto con un vecino, un hermano o un hijo muchas veces es tan difícil que la intervención de una tercera persona que sepa cómo manejar esas situaciones es la mejor opción.
Pero no se trata de buscar a cualquier persona y arriesgarse a que el problema se agrave, existen mediadores profesionales que propician que las personas que tienen el problema se sienten a dialogar y lleguen a acuerdos.
Esa puede ser su mejor opción para no tener que entrar en un proceso judicial y encontrar una salida en casos en los que sus hijos se niegan a darle una manutención o buscarle atención médica, no le dan acceso a ver sus nietos, no se ponen de acuerdo para ayudar a cuidarlo, se nieguen a devolver parte de la herencia que les entregó en vida y que ahora necesita por estar atravesando una crisis económica, entre otras muchas situaciones.
“Hace falta el recurso del diálogo”, explica el mediador certificado por el Tribunal Supremo, Alexander Pagán, quien incursionó en este campo luego de laborar 25 años en la industria de alimentos, en la que acumuló experiencia en asuntos de negociación.
Los adultos mayores “no quieren someter a sus hijos a este proceso y el Tribunal tampoco quiere que esas personas se sometan a un proceso judicial tedioso y público. Yo le ayudo a estas partes en conflicto a mantener la confidencialidad. Nosotros somos como unos jueces de paz”, explicó Pagán.
El mediador explicó que de todos los casos que ha atendido este año, el 95% se ha resuelto mediante un acuerdo entre las partes, que es un documento con el que debe cumplirse. De todos los conflictos en los que medió Pagán, el 30% fueron casos en los que había una persona de edad avanzada involucrada.
Servicio gratuito
Al igual que Pagán hay otros mediadores privados a quienes las personas pueden acudir por cuenta propia o a quienes el tribunal les refiere casos, explicó Ana Romero Velilla, directora del Negociado de Métodos Alternos de la Administración de Tribunales. Bajo la jurisdicción de ese Negociado están los Centros de Mediación de Conflictos, que ofrecen el servicio de mediadores sin costo alguno.
Para recibir los servicios, todo lo que tiene que hacer es ir a uno de los centros judiciales en los que hay un Centro de Mediación. Allí le darán una cita para atenderlo en o antes de 15 días generalmente. También la Oficina de las Personas de Edad Avanzada tiene un acuerdo con estos centros para referirle casos de adultos mayores que necesiten el servicio.
Romero explicó que muchos de los casos que reciben son de personas que buscan ayuda porque sus hijos no quieren ayudarlos económicamente. En esos casos, se les orienta sobre sus derechos, las leyes aplicables y las estrategias de mediación.
Recordó que la Ley de mejoras al sustento de personas de edad avanzada de Puerto Rico, del 2000 establece que proveerle alimentos a las personas de edad avanzada “está revestido del más alto interés público, y es una obligación consagrada en el Código Civil de Puerto Rico. Existe una obligación recíproca de los descendientes para con sus ascendientes, siempre en la medida que tuvieren la capacidad financiera para ello, de proveer sustento económico en situaciones en que esos ascendientes tuvieren la necesidad”.
Romero explicó que “los conflictos pueden afectar mucho las relaciones entre amigos y familiares y cuando uno compara esta forma de resolver (los problemas) versus una denuncia o una querella en el tribunal, la medicación es una forma constructiva de resolver la controversia”.
Ese proceso le permite a las personas hablar sobre sus sentimientos y necesidades y sus puntos de vista sobre el asunto en un ambiente de respeto, en el que se vela por mantener la dignidad de los participantes, afirmó Romero.
La funcionaria hizo hincapié en que el proceso respeta el derecho del adulto mayor a decidir, a tomar decisiones, porque muchas veces se piensa erróneamente que, por el hecho de ser mayor, la persona no tiene la capacidad de tomar decisiones.
“En la mediación ambas partes ganan. El acuerdo tiene la validez de un contrato entre las partes. Si se incumple, las personas tienen la alternativa de ir al tribunal”, agregó Romero.
Noticia original de Mildred Rivera Marrero, tomada de El Nuevo Día el domingo 26 de diciembre de 2010
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
