Polémica por la yegua Milagritos

tomado de la edición digital del periódico Primera Hora del miércoles 17 de noviembre de 2010

La sentencia de 12 años impuesta a un joven de 23 años por arrastrar a una yegua amarrada a un vehículo en movimiento fue considerada excesiva por un profesor de derecho penal, pero aleccionadora por un experto en bioética.

El ex presidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, señaló que “da la impresión de una falta de correspondencia entre la conducta incurrida y la sentencia”.

“El problema es que la pena por el maltrato al animal es muy excesiva. Hay que revaluarlo”, manifestó Fontanet.

Para el profesor, basta con comparar la pena de un asesinato atenuado para observar lo exagerado de la pena de 12 años que provee la Ley 154 de Maltrato de Animales.

“Si lo comparas con asesinato atenuado, que es cuando ha mediado la súbita pendencia o el arrebato de cólera, la pena es de entre tres años y un día hasta ocho años. La del maltrato a los animales es muy alta”, insistió.

Fontanet no cree que para buscar una mayor proporción entre las penas haya que subir las que se imponen por delitos de asesinato, sino bajar la de la Ley 154. “Habría que enmendar el artículo para bajar la pena”, sugirió.

Aunque defensores de los animales entienden que la sentencia les hace justicia a los animales y puede desalentar a los que consideren maltratar a un animal, Fontanet aseguró que se ha demostrado que “no hay relación”.

“No hay una relación que establezca que a mayor pena es menor la incidencia criminal. Cuando la gente comete delitos, las personas no piensan que las van a arrestar. La pena puede ser altísima o nominal”, declaró al tiempo que respaldó las penas vigentes porque “se han eliminado muchas bonificaciones”.

Acerca de la decisión del juez en el pleno ejercicio de su discreción, Fontanet señaló que el magistrado lo que hizo fue dictar sentencia en conformidad con el estatuto. “La pena provee para los 12 años”, reiteró.

Para el profesor de bioética Leonides Santos y Vargas, por el contrario, una pena de 12 años por maltratar a un animal tiene una función “aleccionadora”.

“El hecho de sentenciar a una persona que ha cometido un acto criminal contra un animal me parece que cumple una función aleccionadora para la comunidad y puede contribuir a educar al pueblo sobre la necesidad de establecer controles con los animales”, analizó el director del Instituto Hostosiano de Bioética.

Santos y Vargas recordó, además, que siempre se habla del respeto a la vida como si la vida fuera exclusivamente humana.

“Los animales a veces están más cercanos de nosotros”, subrayó.

Al comparar la sentencia por maltratar a un animal y maltratar o incluso matar a un ser humano, el experto en bioética advirtió que, “aunque 12 años de encarcelamiento puede ser desproporcionado, ese mismo problema lo tenemos en cómo se aplica la justicia a los humanos”.

“La gente piensa, con mucha razón, que debe haber un criterio de proporcionalidad en las decisiones de los tribunales. La diferencia no es la justicia, sino el tipo de abogado que tenga, el tipo de juez y el tipo de cliente que tenga la capacidad de pagar al criminalista más costoso”, detalló.

La decisión del juez evidencia “la falta de consenso de qué es lo justo en la sociedad”.

“Presumo que el juez debió tener todo un cuadro de información que le permitió decidir dar un castigo ejemplar: 'mira, no te va a salir gratis el abuso contra los animales'. En ese sentido, es bueno”, expuso.

La pregunta que hay que hacerse no es, según Santos y Vargas, si los animales razonan, sino si sufren y padecen.

“Lo normal es que se le dé más peso a la dignidad humana, pero se ha descubierto que muchos animales comparten con nosotros casi la misma información genética”, abundó.

La “clave” de la sentencia podría estar, según el licenciado Eduardo Villanueva, en el informe presentencia.

Aunque aclaró que su análisis es puramente teórico, explicó que el informe del joven puede incluir informes confidenciales de vecinos sobre otros eventos, aspectos de su salud y hasta si se ha sometido a exámenes que indiquen tendencia a la violencia.

“Si de todo ese cuadro de circunstancias surge evidencia de que es una persona peligrosa con tendencia a la violencia, el juez puede condenarlo a su encarcelamiento, aunque teóricamente pudiera cualificar para libertad bajo palabra o sentencia mixta”, expuso el también portavoz del Comité Pro Derechos Humanos.

Para Santos y Vargas, la sociedad apenas tiene una noción vaga de lo que es justicia.

“No tenemos un criterio de proporcionalidad y uniformidad. Eso dependerá de cada juez, del abogado y de la clase social a la que pertenezca el acusado”, manifestó.

El superintendente de la Policía José Figueroa Sancha se limitó a comentar que “‘tenemos que respetar nuestro sistema judicial, es una rama independiente de la Ejecutiva y de la Legislativa, pero también hay que evaluar y balancear. Hay una ley para protección de animales que la Policía de Puerto Rico la hace cumplir y es parte de nuestro currículo y yo la aplaudo, pero también aplaudo cuando el policía hace su trabajo y va y lleva el caso a los tribunales y recibe la satisfacción de una sentencia que va a tono con el delito”.

Otra noticia relacionada: Las dos caras de la sentencia